La Comisión Internacional de la Explotación Sexual y la Violencia de Género (CIEV) es un organismo creado para el modelo SAMONU con el objetivo de promover la protección integral de los derechos humanos de mujeres, niños y adolescentes frente a todas las formas de violencia sexual, explotación y de manera especial a su salud.
La trata de personas, el tráfico ilegal de órganos, la prostitución forzada, la violación, el riesgo frente a ETS y la mutilación genital femenina son problemáticas que afectan a millones de personas en el mundo y que reflejan las desigualdades estructurales de género, pobreza y poder. Estas prácticas no solo vulneran la dignidad humana, sino que perpetúan sistemas de opresión, discriminación y violencia institucional.
A pesar de los tratados y compromisos internacionales, miles de mujeres y menores continúan siendo víctimas de redes de explotación sexual y tráfico de personas. En varios países, especialmente en regiones de África, Asia y América Latina, persisten costumbres o leyes que castigan a las mujeres por razones de “honor” o justifican la mutilación genital femenina como práctica cultural. Por otro lado, las potencias occidentales, aunque condenan estas prácticas, siguen siendo destino de la trata y el turismo sexual, evidenciando la doble moral internacional frente a los derechos humanos.
Esta comisión tiene como propósito analizar las causas estructurales de la trata de personas , la prostitución forzada y la violencia sexual, así como proponer mecanismos internacionales de prevención, protección, sanción y reparación integral a la víctimas. Además, busca fomentar el diálogo entre naciones con diferentes visiones culturales, religiosas y sociales, en torno al respeto universal de los derechos humanos.
Temáticas y Preguntas a abordar en la Comisión
Crimen organizado, responsabilidad internacional, sanciones y cooperación.
¿Hasta qué punto la soberanía nacional puede ser invocada para limitar la intervención internacional cuando existen violaciones sistemáticas de derechos humanos contra niñas y mujeres? ¿Puede la comunidad internacional continuar abordando la violencia sexual y las prácticas nocivas mediante declaraciones y recomendaciones no vinculantes, o la ausencia de sanciones reales y mecanismos convierte a los organismos multilaterales en actores pasivos frente a violaciones sistemáticas?
¿Debe la comunidad internacional intervenir y sancionar a los Estados que, por razones culturales, religiosas o legales, toleran prácticas inhumanas o no garantizan la protección efectiva de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual? ¿Puede justificarse dicha intervención sin vulnerar el principio de soberanía ni generar acusaciones de neocolonialismo?
¿Cómo pueden los Estados de destino exigir mayores controles migratorios y medidas de prevención a los países de origen, mientras en sus propios territorios persiste una demanda activa de prostitución forzada, turismo sexual y tráfico ilegal de órganos que financia redes criminales transnacionales? ¿En qué medida esta contradicción compromete la legitimidad y eficacia de sus políticas para combatir estos delitos?
¿Qué medidas integrales deben adoptar los Estados para prevenir y erradicar la trata de personas y la prostitución forzada, garantizando no solo la persecución efectiva de las redes criminales, sino también la protección, reparación integral y no revictimización de las víctimas?
Mesa Moderadora
| Estudiante | Delegación | Procesofolio |
| Cristian Leonardo Ortigoza | Canadá | |
| José Miguel Naranjo Montes | Colombia | |
| María José Quintero García | Estados Unidos | |
| Sara Valentina Moscoso Feriz | Sudáfrica | |
| Tomás Camilo Gutiérrez Guzmán | Tailandia | |
| Silvana Correa Rojas | España | |
| Alan Joel Gaona Castro | Nigeria | |
| Emanuel Osorio Lozano | RD Congo | |
| Luciana Niño Castillo | Brasil | |
| Daniel Santiago Ocampo Méndez | Filipinas | |
| María Alejandra Góngora Delgado | Francia | |
| Mariana Arciniegas Serna | Irán | |
| Sofía Castro Jaramillo | Kenia |