La Comisión Internacional sobre la Explotación Sexual y la Violencia de Género (CIEV) es un organismo creado para el modelo SAMONU con el propósito de promover la protección integral de los derechos humanos de mujeres, niños y adolescentes frente a todas las formas de trata de personas, la explotación y violencia sexual y el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS).
La trata de personas, el tráfico ilegal de órganos, la prostitución forzada, la violación, el riesgo frente a ETS y la mutilación genital femenina son problemáticas que afectan a millones de personas en el mundo y que reflejan las desigualdades estructurales de género, pobreza y poder. Estas prácticas no solo vulneran la dignidad humana, sino que perpetúan sistemas de opresión, discriminación y violencia institucional.
A pesar de los tratados y compromisos internacionales, miles de mujeres y menores continúan siendo víctimas de redes de explotación sexual y tráfico de personas. En varios países, especialmente en regiones de África, Asia y América Latina, persisten costumbres o leyes que castigan a las mujeres por razones de “honor” o justifican la mutilación genital femenina como práctica cultural. Por otro lado, las potencias occidentales, aunque condenan estas prácticas, siguen siendo destino de la trata y el turismo sexual, evidenciando la doble moral internacional frente a los derechos humanos.
Esta comisión tiene como propósito analizar las causas estructurales de la trata de personas, la prostitución forzada y la violencia sexual, así como proponer mecanismos internacionales de prevención, protección, sanción y reparación integral para las víctimas. Además, busca fomentar el diálogo entre naciones con diferentes visiones culturales, religiosas y sociales en torno al respeto universal de los derechos humanos.
En este contexto, los delegados tendrán la responsabilidad de debatir soluciones frente a una problemática que trasciende fronteras y afecta la estabilidad social y humanitaria de múltiples regiones del mundo. El análisis de las posiciones de cada Estado, las diferencias culturales y los desafíos jurídicos internacionales será fundamental para construir acuerdos que permitan fortalecer la cooperación internacional sin vulnerar los principios de soberanía estatal.
Temáticas y Preguntas a abordar en la Comisión
La trata de personas, el tráfico ilegal de órganos, la prostitución forzada, la violación, el riesgo frente a ETS y la mutilación genital femenina.
Crimen organizado, responsabilidad internacional, sanciones y cooperación.
¿Hasta qué punto la soberanía nacional puede ser invocada para limitar la intervención internacional cuando existen violaciones sistemáticas de derechos humanos contra niñ@s, mujeres y hombres? ¿Puede la comunidad internacional continuar abordando la violencia sexual y las prácticas nocivas mediante declaraciones y recomendaciones no vinculantes, o la ausencia de sanciones reales y mecanismos convierte a los organismos multilaterales en actores pasivos frente a violaciones sistemáticas?
¿Debe la comunidad internacional intervenir y sancionar a los Estados que, por razones culturales, religiosas o legales, toleran prácticas inhumanas o no garantizan la protección efectiva de niñ@s y adolescentes víctimas de violencia sexual? ¿Cómo puede la comunidad internacional exigir el cumplimiento de los derechos humanos sin caer en una doble moral, donde algunos Estados son sancionados mientras otros, con problemáticas similares, reciben un trato diferente por intereses políticos y económicos?
¿Cómo pueden los Estados de destino exigir mayores controles migratorios y medidas de prevención a los países de origen, mientras en sus propios territorios persiste una demanda activa de prostitución forzada, turismo sexual y tráfico ilegal de órganos que financia redes criminales transnacionales? ¿Hasta qué punto esta contradicción evidencia la responsabilidad indirecta de los gobiernos y limita su capacidad real para desmantelar las economías ilegales que patrocinan, sostienen y se benefician de estos delitos?
¿Qué medidas integrales y coordinadas deben adoptar los Estados para prevenir y erradicar la trata de personas y la prostitución forzada, garantizando no solo la persecución efectiva de las redes criminales y transnacionales, sino también la protección de los derechos humanos, la reparación integral y la no revictimización de las víctimas?¿Hasta qué punto la corrupción, la impunidad y la falta de cooperación internacional limitan la capacidad de los Estados para desmantelar las redes criminales y transnacionales que sostienen la trata de personas y la prostitución forzada?
Mesa Moderadora
| País/Delegaciones | Representantes | Procesofolios |
| Canadá | Cristian Leonardo Ortigoza Guerra |  |
| Egipto | José Miguel Naranjo Montes | |
| Estados Unidos | María José Quintero García | |
| Sudáfrica | Sara Moscoso Feriz | |
| Emiratos Árabes Unidos | Santiago Pesca Perdomo | |
| Tailandia | Tomás Camilo Gutiérrez Guzmán | |
| España | Silvana Correa Rojas | |
| Argentina | Alan Joel Gaona Castro | |
| RD del Congo | Emanuel Osorio Lozano | |
| Brasil | Luciana Niño Castillo | |
| Filipinas | Daniel Santiago Ocampo Méndez | |
| Francia | María Alejandra Góngora Delgado | |
| Irán | Mariana Arciniegas Serna | |
| Cuba | Sofía Castro Jaramillo | |
| Colombia | Gabriela Dueñas Reyes | |
| Nigeria | Sofía Guarnizo Vallejo | |
| Kenia | Alisson Sherit Chaparro | |
| México | | |
| Italia | | |
| Afganistán | | |
| India | | |
| Grecia | | |
| Sudán | | |
| China | | |
| Somalia | | |
| Venezuela | | |
| Arabia Saudita | Mariana Rodrìguez Moya STJ | |
| Rusia | |